Entrevista Exclusiva al Estudio Jurídico Lexar: Especialistas en Derecho Informático

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Esta es una entrevista exclusiva para el conocido Estudio Lexar especialistas en Derecho Informático.

Los cuales tienen mas de 10 años de trayectoria en el mercado del derecho informático y tiene como clientes a las empresas mas importantes de Internet de Latinoamérica como Taringa, Sonico, Aula365, Endeavor, entre otras.

En los últimos años se hicieron muy conocidos por ser abogados de la famosa comunidad Taringa y de siempre obtener excelentes resultados en sus participaciones.

Espero que disfrutes para aprender y debatir si deseas sobre diferentes leyes y temas sobre el derecho en Internet.

¿Como ven el derecho en informática en la Argentina?

La respuesta a esto podría abordarse desde dos perspectivas, la normativa, la jurisprudencia. En términos de normativa en la última década, especialmente en el primer período, se ha dado impulso a regulaciones importantes en materia de derecho informático como lo son la Ley de Protección de Datos Personales, la introducción de los delitos informáticos al Código Penal, mientras que en el último período hemos observado distintos proyectos (de los que ninguno ha llegado a convertirse en ley) que como denominador común buscaban “regular” la actividad de los distintos agentes que intervienen en Internet.

Es justamente en este último aspecto en donde creo que existe una deuda pendiente.

Tarea difícil si las hay, dado que una regulación en esta materia debiera priorizar la libertad de expresión, el debido resguardo al derecho a la intimidad, recreando un ámbito seguro para los usuarios de Internet, a la vez que debe garantizar la seguridad jurídica de quienes intervienen como prestadores de servicios, garantizando la libertad de prensa o publicación de las ideas, y evitando cualquier forma de censura previa estatal, paraestatal o privada. De los proyectos que circularon en el pasado, como de los que actualmente están en tratamiento en el Congreso, ninguno cumple con esto. Párrafo aparte merece nuestra ley 11.723 (mal llamada de “Propiedad Intelectual”).

La crítica que pareciera surgir en una primera aproximación es que esta ley data de 1933, y han sido escasas las modificaciones que ha sufrido a lo largo de la historia. Pero creo que no es ésta circunstancia por sí sola la que justifica la crítica dado que, podría argumentarse, han cambiado los medios sobre los cuales las obras de fijan, reproducen, comunican, publican, etc, pero el concepto de obra sigue siendo el mismo que en 1933.

Sin embargo, es la forma en la interacción entre las personas y las obras, el uso, lo que ha cambiado, y sobre lo que nuestra ley no puede dar respuesta.

Existen en la actualidad una inmensa cantidad de “usos honestos” de obras protegidas por derecho de autor que, en rigor, se encontrarían en violación a la ley 11.723. Desde el punto de vista de nuestra jurisprudencia, el panorama es algo más desolador.

Es escaso el conocimiento en la justicia sobre las nuevas tecnologías y sus implicancias.

Como materia inserta en nuestra realidad social, es en la mayoría de los casos sujetos a juzgamiento, vista como un elemento amenazador y enajenante, sobre la que existen enormes prejuicios. Nos es extraño entonces que proliferen sentencias directamente ridículas en donde se atribuye a quienes tienen el control de la tecnología responsabilidades más allá de toda razonabilidad y sentido de justicia.

Creo que en última instancia este tipo de sentencias son una expresión del temor hacia lo desconocido, por ello resulta imperioso que nuestros jueces se capaciten  sobre la materia.

 ¿Creen que el Copyright, Copyleft y las licencias Creative Commons pueden co-existir?

Entiendo que sí. De cualquier forma regímenes como el Copyleft y Creative Commons debieran tener acogimiento en nuestra normativa para adquirir el estatus legal que permita brindar seguridad jurídica a los usuarios o licenciatarios.

Esto porque en nuestra ley, existen disposiciones imperativas, que no podrían ser dejadas de lado por el solo hecho de existir un acuerdo de Copyleft o Creative Commons entre el autor o titular de derechos y el licenciatario, y menos aún si ese usuario es indeterminado. Este tipo de situaciones  son las críticas a la ley 11.723 que mencionábamos en la respuesta anterior.

 ¿Cuál es el principal error que observan de los startups al iniciar su proyecto respecto a la parte legal?

Podría decirse que la “informalidad”, entendida como la falta de previsión del marco jurídico legaladecuado para su actividad y la consecuente falta de instrumentación documental de sus derechos y obligaciones. Esto puede advertirse en todos los órdenes, falta de contratos entre socios, proveedores, dependientes, clientes, falta de resguardo de propiedad intelectual, ausencia de estructuras societarias dirigidas a limitar riesgos, esquemas tributarios deficientes, etc.

¿Piensan que el método de persecución y proteccionismo al que recurren discográficas, editoriales y estudios de cine y televisión seguirá vigente o es hora de un cambio en el modelo de negocios?

Creo que el cambio ya se ha dado, ocurre que la inercia de una cultura arrastrada por décadas y en algunos casos siglos hace que todavía perduren algunas formas de confrontar el cambio mediante su negación. Pero creo que en la mayoría de los casos se ha llegado al punto de comprensión que existe un verdadero cambio cultural en las formas de acceso a los contenidos y su consumo. Nunca antes en la historia de la humanidad las personas consumieron tantos contenidos como ahora, los titulares de contenidos están ante una enorme oportunidad, estará a cargo de cada uno de ello el saber interpretar estos cambios y re ubicarse en el nuevo contexto.

 ¿Este fallo es importante para la jurisprudencia Argentina?

Desde el Estudio Jurídico LEXAR, como abogados de Taringa! creemos que el fallo posee una importancia trascendental para el ámbito de Internet en nuestro país.

Lo que allí se resuelva sentará un precedente de enorme valor para el futuro, y en buena medida podrá alterar el panorama actual.

Derechos y garantías de orden constitucional, como la libertad de expresión, la libertad de publicación sin censura previa, y un principio tan intrínseco al sentido de República como aquel que sostiene que  ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe, podían verse afectados.

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