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El Gob. contra la represa por daños ecológicos irreversibles

CONFLICTO | Uno de los propietarios es del Grupo Clarín

El Gobierno argentino acude al Supremo

contra la represa cerca de Uruguay



El Gobierno de Argentina anunció que presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema para evitar la construcción de una represa en el noreste del país, cerca de la frontera con Uruguay, un proyecto privado en el que participa el empresario húngaro-estadounidense George Soros.

El jefe del Gabinete argentino, Aníbal Fernández, explicó en rueda de prensa que la medida cautelar fue presentada contra la provincia de Corrientes, cuyo Gobierno autorizó la construcción de la denominada represa Ayuí Grande, en un afluente del río Uruguay.

"Solicitamos una medida cautelar de no innovar respecto del proyecto productivo Ayuí Grande, que implique la paralización inmediata de cualquier obra que se hubiera iniciado en ese lugar", dijo el ministro.

Fernández alegó que la solicitud al Supremo se basa en el "daño ambiental irreversible y la pérdida de diversidad biológica que podría derivarse" de esta obra.

Añadió que el pedido también se basa "en la necesidad del cumplimiento de los deberes impuestos a Argentina" por el Estatuto del río Uruguay, tratado bilateral firmado en 1975 con Uruguay y que reglamenta la administración compartida de este recurso fluvial que marca la frontera entre los dos países.
Detalles de la obra

Fernández precisó que el proyecto consiste en inundar 8.000 hectáreas de tierras ubicadas a 50 kilómetros de los Esteros del Iberá, un ecosistema protegido y de gran diversidad biológica.

Esa represa, según lo proyectado, se utilizará como reservorio para unas 77.000 hectáreas de tierras destinadas al cultivo de arroz, una iniciativa de las compañías Copra, perteneciente a un directivo del grupo de comunicación Clarín, y de Adecoagro, de Soros.

Según Fernández, Corrientes "nunca informó adecuadamente" al Gobierno nacional sobre la obra, pese a que desde septiembre de 2008 se le solicitó en tres oportunidades los antecedentes del proyecto.

"Es nuestra responsabilidad, como autoridad nacional ambiental, velar por el cumplimiento de los presupuestos mínimos de protección ambiental, gestión sustentable y preservación, como lo establecen las leyes", indicó el ministro.

Dijo además que Argentina corre "serios riesgos" de incurrir en irresponsabilidades internacionales ante un eventual incumplimiento de Estatuto del río Uruguay.

Hace dos semanas el canciller argentino, Héctor Timerman, había anticipado que el Ejecutivo acudiría a la Justicia por este caso, luego de que su par uruguayo, Luis Almagro, le manifestara su "preocupación" por la construcción de la represa.

La instalación de una gigantesca papelera de capital finlandés en en territorio uruguayo fronterizo con Argentina desencadenó una controversia diplomática iniciada hace siete años entre ambos países y que fue motivo de una demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

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